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Conozca Sus Derechos: Orden Ejecutiva Amenaza el Acceso a Programas Federales

El 1o  de marzo de 2025, el presidente Trump emitió la Orden Ejecutiva 14224 (página en inglés), que declara el idioma inglés como idioma oficial de los EE. UU. y revoca la Orden Ejecutiva 13166 (página en inglés), que Mejora el Acceso a los Servicios para Personas con Dominio Limitado del Inglés, emitida por el presidente Clinton en el año 2000.

Los derechos lingüísticos están profundamente arraigados en mandatos federales y estatales de larga data, que han sido fundamentales para garantizar nuestra salud, seguridad y bienestar tanto individual como colectivo. Además, garantizan que todas las comunidades, independientemente del idioma que usemos, puedan participar y contribuir a una sociedad próspera. Aunque la orden ejecutiva de Trump no ha modificado estas leyes federales y estatales existentes, amenaza más de dos décadas de progreso hacia un acceso lingüístico significativo para todes.   

Asian Law Caucus (Caucus de Derecho Asiático), California Rural Legal Assistance, Inc. (CRLA, por sus siglas en inglés) y Legal Aid Foundation of Los Angeles (Fundación de Asistencia Jurídica de Los Ángeles) (LAFLA, por sus siglas en inglés) han desarrollado esta serie de Preguntas Frecuentes (FAQ, por sus siglas en inglés) para ayudar a los grupos comunitarios y a les funcionaries estatales y locales a comprender el alcance y el impacto de la Orden Ejecutiva 14224 firmada por Trump. Nosotres continuaremos actualizando esta página a medida que analicemos cómo responden las agencias federales a la orden. 

Este documento con Preguntas Frecuentes (FAQ, por sus siglas en inglés) ofrecen una orientación general únicamente y no debe interpretarse como asesoría jurídica. La información que contiene este documento puede cambiar con el paso del tiempo. Si su organización necesita asistencia jurídica o tiene más preguntas sobre estos temas, por favor comuníquese con:

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué hace la Orden Ejecutiva 14224 sobre el idioma inglés como idioma oficial de los Estados Unidos?

La orden declara el idioma inglés como idioma oficial de los Estados Unidos. Además, revoca la Orden Ejecutiva 13166, una orden ejecutiva firmada por el presidente Clinton en el año 2000.  

La Orden Ejecutiva 13166 firmada por Clinton exigía que las agencias federales desarrollaran e implementaran planes para permitir que las personas con dominio limitado del idioma inglés accedieran de manera significativa a los programas y actividades a cargo del gobierno federal. Además, la orden ejecutiva firmada por Clinton exigía que las agencias federales emitirán directrices sobre el acceso lingüístico para las entidades que reciben financiamiento federal, con el fin de garantizar un acceso significativo para todes.  

La Orden Ejecutiva 14224 firmada por Trump exige al fiscal general que retire cualquier documento de orientación política emitido bajo la Orden Ejecutiva 13166 y proporcione una «orientación actualizada». Sin embargo, no obliga a las agencias federales ni las entidades que reciben fondos federales a suspender el apoyo lingüístico existente que puedan ofrecer a personas que no hablan el idioma inglés. La orden ejecutiva establece que «nada en esta orden… requiere o instruye algún cambio en los servicios prestados por cualquier agencia» y que las agencias «no están obligadas a modificar, eliminar ni detener de cualquier otra forma la producción de documentos, productos u otros servicios preparados u ofrecidos en idiomas distintos al idioma inglés». 

Sin embargo, aún está por verse si las agencias federales, a su discreción, decidieran cambiar o reducir el apoyo lingüístico que brindan a las personas con dominio limitado del idioma inglés o si emitirán una orientación para el acceso lingüístico «actualizada» que difiera significativamente de la orientación anterior.

En Estados Unidos se hablan más de 350 idiomas, hablados por más de 69 millones de personas. Cada día, las escuelas, las instituciones de salud, los tribunales y otras agencias gubernamentales de todos los niveles ofrecen recursos y servicios en varios idiomas. Nuestra salud, seguridad y bienestar, tanto individual como colectivo, dependen de garantizar una comunicación adecuada y significativa, así como el acceso lingüístico para nuestras comunidades.  

A pesar de la Orden Ejecutiva 14224 firmada por Trump, e incluso sin la Orden Ejecutiva 13166, el acceso lingüístico sigue siendo un requisito legal. Las órdenes ejecutivas no pueden anular leyes o regulaciones existentes. 

Además, todas las personas en los Estados Unidos, sin importar de dónde vengan, su dominio del idioma inglés o su estatus inmigratorio, están protegidas contra la discriminación por origen nacional, incluido el idioma. Las leyes federales y estatales también siguen exigiendo la interpretación en lengua de señas para las comunidades sordas y con dificultades auditivas.

Según sea necesario, nosotres debemos monitorear y hacer valer colectivamente nuestros derechos bajo estas leyes y regulaciones de acceso lingüístico vigentes.

El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe que les beneficiaries de fondos federales discriminen por motivos de «origen nacional», lo cual, la Corte Suprema ha interpretado anteriormente como inclusión de la discriminación basada en el idioma. Las regulaciones del Título VI también contemplan situaciones en las que se deben prestar servicios lingüísticos.

La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) exigen la prestación de servicios de interpretación en lenguaje de señas para personas sordas o con dificultades auditivas, además de otras adaptaciones.

Otros mandatos federales que exigen acceso lingüístico en contextos específicos incluyen, entre otros: 

 

Leyes Estatales contra la Discriminación y Requisitos de Acceso Lingüístico (State Anti-Discrimination Laws and Language Access Requirements) (página de sitio web en inglés) pueden aplicarse a entidades locales y estatales, incluidos ciertos proveedores de servicios. 

Durante décadas, las agencias federales también han desarrollado planes y políticas para el acceso lingüístico basados ​​en la legislación federal y las protecciones constitucionales que siguen vigentes.

Les beneficiaries con financiación federal pueden incluir, por ejemplo, estados y municipios, tribunales estatales, hospitales y consultorios médicos, agencias estatales y locales que administran beneficios y escuelas públicas. Todes les beneficiaries de fondos federales deben continuar cumpliendo la legislación vigente y garantizar el acceso lingüístico. Como se mencionó anteriormente, muchas leyes y regulaciones siguen exigiendo el acceso lingüístico, lo que incluye, la traducción por escrito, la interpretación verbal y en lenguaje de señas, así como avisos que informen a las comunidades sobre cómo acceder a los servicios de apoyo lingüístico. Las órdenes ejecutivas no pueden anular ni modificar adecuadamente las leyes vigentes.  

Mientras nosotres monitoreamos cómo responden las agencias federales a este cambio, los gobiernos locales y estatales, así como las entidades que reciben financiamiento federal, como distritos escolares y hospitales, pueden brindar estabilidad y seguridad al público al reafirmar su compromiso continuo con los servicios multilingües. Algunes beneficiaries de fondos federales, como el Poder Judicial del Estado de Hawái (página de sitio web en inglés), ya han reafirmado su compromiso para garantizar un acceso lingüístico significativo.

¡Sí! En la mayoría de los casos, todas las personas todavía tienen derecho legal para obtener asistencia lingüística en los programas y servicios que reciben fondos federales. Esto puede incluir comunicarse con miembros del personal que comparten su idioma, trabajar con intérpretes cualificades y/o recibir documentos traducidos. Recursos como las Tarjetas «I Speak» (Yo hablo) también pueden ayudar a los miembros de la comunidad a identificar su lengua materna y solicitar servicios de asistencia lingüística.

Si una persona intenta acceder a servicios prestados por una agencia u organización gubernamental que recibe fondos federales y se le niega une intérprete o documentos traducidos a su idioma materno, debe buscar ayuda de un proveedor de servicios jurídicos. 

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