LOS ÁNGELES, CA — Un grupo de inquilinos y defensores de la comunidad han presentado una demanda contra la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (HACLA), alegando que la agencia incumple sistemáticamente su obligación legal de proporcionar servicios de acceso lingüístico a las familias de bajos ingresos que solicitan ayudas para la vivienda — poniendo a inquilinos vulnerables en riesgo de perder sus hogares simplemente por tener un dominio limitado del inglés.  

La demanda, presentada por la Fundación de Asistencia Legal de Los Ángeles (LAFLA), la Oficina Legal de Autumn Elliott y el Centro Occidental de Derecho y Pobreza (WCLP), describe cómo la HACLA deniega sistemáticamente los servicios de interpretación y traducción a los inquilinos con un dominio limitado del inglés, infringiendo así las leyes estatales de derechos civiles y sus propias políticas. Sra. Hyun Joo y Sra. Eva Oceguera se unen a la demanda con el Korean Resource Center, una organización comunitaria que se ha sido obligada a gastar sus escasos recursos para ayudar a las familias a las que la HACLA ha denegado los servicios lingüísticos. 

«Todo lo que me pasó —ser ignorada, humillada y amenazada— se podría haber evitado si la HACLA simplemente hubiera proporcionado un intérprete», afirmó la Sra. Joo, una madre hablante de coreano que recibió un Vale de Vivienda de Emergencia. «Presenté esta demanda porque nadie debería sufrir ni correr el riesgo de perder su vivienda por no saber hablar inglés». 

«Es una lucha constante», afirmó la Sra. Oceguera, una abuela hispanohablante que lleva veinte años participando en el programa de la Sección 8. «Han ignorado mis súplicas y nos han tratado a mí y a mis hijos con crueldad durante tantos años. Me hace sentir impotente ante la posibilidad de que mi familia termine en la calle».   

La Sra. Joo y la Sra. Oceguera informaron en repetidas ocasiones a HACLA de sus necesidades lingüísticas, pero siguieron recibiendo comunicaciones importantes únicamente en inglés. Se esperaba que ambas mujeres firmaran documentos que no entendían y recibieron avisos en los que se les advertía de que podrían perder la ayuda para la vivienda —lo que las ponía en riesgo inminente de quedarse sin hogar— si no seguían unas instrucciones que no podían leer. Ambas denuncian también haber sido presionadas para sacar a sus hijos menores de la escuela con el fin de que les interpretaran reuniones en las que se discutían normas complejas, información personal sensible y la posible pérdida de sus hogares. 

La demanda subraya además cómo las organizaciones comunitarias se ven cada vez más obligadas a asumir las deficiencias de los organismos públicos, desviando recursos ya de por sí limitados para ayudar a los residentes a acceder a los servicios básicos de la administración. Durante la ventana de aplicación para el programa de la Sección 8, de dos semanas de duración, el Korean Resource Center tuvo que ayudar a más de 200 familias hablantes coreanas a cumplimentar las solicitudes, ya que la HACLA no proporcionó un acceso lingüístico adecuado. 

La demanda subraya además cómo las organizaciones comunitarias se ven cada vez más obligadas a asumir las deficiencias de los organismos públicos, desviando recursos ya de por sí limitados para ayudar a los residentes a acceder a los servicios básicos del gobierno. Durante un único plazo de solicitud de la Sección 8, de dos semanas de duración, el Korean Resource Center tuvo que ayudar a más de 200 familias de hablantes coreanos a cumplimentar las solicitudes, ya que la HACLA no proporcionó un acceso lingüístico adecuado. 

«Las organizaciones comunitarias no deberían tener que actuar como sustitutas del cumplimiento normativo por parte del Gobierno», afirmó Isaac Kim, director ejecutivo de Korean Resource Center. «Las familias merecen tener el mismo acceso a los programas de vivienda sin tener que depender de organizaciones sin ánimo de lucro, familiares o sus propios hijos menores de edad para que les interpreten información que puede cambiarles la vida». 

La demanda se produce en un momento en que las comunidades de inmigrantes y las comunidades lingüísticamente marginadas se enfrentan a obstáculos cada vez mayores para acceder a los servicios públicos en todo el país, y en el que la aplicación federal de las medidas de protección del acceso lingüístico sigue debilitándose.  

«Las leyes estatales de derechos civiles de California se están convirtiendo en herramientas cada vez más fundamentales para proteger a los inquilinos de la exclusión y la discriminación», declaró Heeyoung «Linda» Park, abogada de LAFLA.   

Más de la mitad de los residentes de Los Ángeles hablan un idioma distinto del inglés en casa, y aproximadamente la mitad de los residentes con un dominio limitado del inglés tienen ingresos lo suficientemente bajos como para cualificar a los programas de vivienda de la HACLA.  

«Miles de Angelinos con bajos ingresos se están viendo excluidos de protecciones fundamentales en materia de vivienda porque no pueden acceder a los servicios en su propio idioma», afirmó la abogada especializada en derechos civiles Autumn Elliott.  

«Nuestros clientes solicitan al tribunal que exija a la HACLA que proporcione servicios de acceso lingüístico significativos y que cumplan con la ley a todos los participantes y solicitantes de los programas», declaró Madeline Howard, abogada sénior de WCLP. «Esto incluye la interpretación, la traducción de documentos esenciales y comunicaciones accesibles en todos los programas de vivienda de la HACLA». 

Puede encontrar una copia de la demanda aquí. Los inquilinos que consideren que la HACLA u otra autoridad de vivienda ha vulnerado sus derechos lingüísticos pueden ponerse en contacto con LAFLA en: 

• Inglés y español: 800-399-4529   
• 國語/廣東話 (chino cantones & mandarín): 323-801-7912  
• Filipino/tagalog: 323-801-7979  
• ភាសាខ្មែរ (jemer/camboyano): 562-304-2535  
• 한국어 (coreano): 323-801-7987  
• 日本語 (japonés): 323-801-7913  
• Tiếng Việt (vietnamita): 323-801-7923  
• Demás idiomas (interpretación): 800-399-4529